La incautación de documentos por el franquismo en Cataluña

La devolución de los “papeles de Salamanca” a Cataluña, un largo proceso que nace en la Transición, debe ser entendida como un acto fundamental de reparación de uno de las acciones de la represión franquista. Y así lo pensamos frente a la oposición a esta devolución de algunos sectores políticos y mediáticos de la derecha española y que tienen las mismas motivaciones que otros asuntos relativos a la memoria histórica como serían la elaboración del mapa de fosas, las exhumaciones, el cambio de nombres de calles y plazas, la derogación de los honores a Franco y personajes franquistas o la devolución del dinero incautado por el franquismo. En el caso de los papeles se ha intentado enmascarar la oposición a la devolución con el argumento del supuesto desmantelamiento del Archivo de la Guerra Civil, cuando, realmente, lo que se ha hecho es reconvertirlo en el Centro Documental de la Memoria Histórica y enriquecerlo con un flujo casi continuo de nueva documentación de todo tipo sobre nuestro pasado contemporáneo. Realmente, lo que subyace, como en el resto de asuntos enunciados, es la falta de sensibilidad hacia la reparación de las injusticias generadas por un régimen político cainita que nos ha dejado, precisamente, esa semilla, la del odio al adversario político.

El objetivo de este artículo es acercarse a la historia de la incautación y depósito de documentos oficiales y privados de Cataluña para intentar entender esta peculiar forma de represión que sufrieron ciudadanos, instituciones, partidos, sindicatos, entidades y empresas. Para ello, nos hemos basado en el trabajo “Els ‘Papers de Salamanca’: crónica d’un greuge” de Joan B. Culla i Clarà (UAB) dentro del libro Els documents confiscats/retornats a Catalunya, Barcelona, 2006 y publicado por la Generalitat de Catalunya, aunque con algunas apreciaciones personales.

La incautación de documentos catalanes comienza desde el mismo momento que las tropas franquistas entran en Cataluña en el invierno de 1938/39. Lleida fue la primera ciudad que sufrió esta incautación, aunque la gran operación se haría, lógicamente, en Barcelona. El primero de abril de 1938 se creó la Delegación para recuperar, clasificar y custodiar la documentación procedente de personas y entidades del bando republicano. Ese organismo, dependiente del gobierno franquista, tenía como objetivo proporcionar al nuevo estado información relativa sobre sus enemigos. A medida que se ocupaban zonas, efectivos especializados se dedicaban a apoderarse de los documentos que los republicanos en retirada no pudieron destruir o llevarse consigo. En el momento en que se entró en Barcelona, en enero de 1939, apareció una unidad militar especializada, el Servicio de Recuperación Documental, formada por un centenar de efectivos al mando de un oficial navarro, Marcelino Ulíbarri Eguilaz. Al parecer, Ulíbarri había sido el responsable del transporte de las unidades carlistas desde el principio de la guerra y un entusiasta defensor del Decreto de Unificación de 1937, que creaba la FET y de las JONS. Su designación para dirigir el Servicio de Recuperación Documental sería un premio por su interés en la Unificación, además porque había demostrado su valía en tareas logísticas.

Los equipos de Ulíbarri actuaron en Barcelona con indicaciones precisas y sobre plano desde el 28 de enero hasta principios de junio de 1939. Se registraron unas 1.399 sedes institucionales de organismos del gobierno y del ejército republicano, así como de la Generalitat, pero, también de partidos políticos, sindicatos, entidades y asociaciones tenidas como contrarias al régimen franquista, redacciones de periódicos, imprentas, editoriales, despachos profesionales, y domicilios particulares de personas consideradas hostiles o sospechosas. La recogida de documentos fue exhaustiva, aunque no siempre se realizó de forma rigurosa, ya que, en caso de duda se tendía a incautarlo todo, incluidas publicaciones periódicas, libros, papeles administrativos o documentos que nada tenían que ver con la guerra, la República, la Generalitat, la izquierda o el nacionalismo catalán. La furia represora del primer franquismo no hacía muchas discriminaciones. Se podría pensar que había una necesidad hacerse con un botín de guerra, de castigar y dejar sin su rastro documental a los enemigos políticos, de lo que sería su memoria histórica.

El conjunto de documentos, por tanto, fue muy heterogéneo. A principios de julio de 1939 se organizó un primer cargamento de 130 de toneladas de papeles, transportados en 12 vagones de tren. Salamanca fue la ciudad donde se decidió agrupar y centralizar toda la documentación procedente de lo que el franquismo denominó la “zona roja”. El edificio elegido fue el antiguo Colegio de San Ambrosio. Además de la heterogeneidad de la documentación incautada se puede afirmar su importancia cuantitativa. Se agrupó en unos 15.000 legajos pero no de una forma temática sino geográfica. La única documentación que se separó de la general fue la masónica, organizada en una sección independiente, una de las obsesiones de Franco.

La documentación fue custodiada y escudriñada por policías y guardias civiles retirados del servicio activo no con un fin archivístico sino como un instrumento de la represión. Los nombres que aparecían en los papeles provocaban la apertura de una ficha individual donde se anotaba la afiliación política o sindical, su actividad o cargo y su actitud de la que, potencialmente, podía ser incriminado el sujeto. La consulta de estas fichas es, sumamente, interesante, porque permite conocer la lógica de la represión franquista, es decir, las causas por las que un ciudadana o ciudadano españoles podían ser puestos ante la justicia en la posguerra por delitos que no fueran comunes. Aún así, no parece que estas fichas fueran muy operativas a la hora de perseguir a una persona, ya que su elaboración era lenta, dada la ingente cantidad de documentación que se incautó en toda España. Eran más rápidos otros medios, como las denuncias o los servicios de investigación policiales y de la Falange.

La documentación de Salamanca no comenzó a poder ser consultada por los historiadores hasta que pasaron los más duros años de la posguerra y cuando la represión, más que aligerarse, cambió de sentido y se dirigió hacia los supuestos enemigos contemporáneos ya no vinculados directamente con la República o el Frente Popular. En 1958, el archivo situado en San Ambrosio, pasó a depender de la Delegación Nacional de Servicios Documentales, adscrita a la Presidencia del Gobierno, controlada, como bien es sabido, por Carrero Blanco. Para poder consultar la documentación era necesario el correspondiente permiso del jefe de los Servicios Documentales.