En el diario "El País", en su edición andaluza, se publicó el pasado año, un artículo de Isabel Pedrote, titulado "El botín andaluz de Franco". En dicho trabajo se trata de un aspecto menos conocido de la represión, la relacionada con la incautación de bienes, dinero y propiedades de los vencidos. El artículo se centra en el caso andaluz.
A Blas Infante, años después de haberlo asesinado, se le condenó al pago de 2.000 pesetas, sentencia que se le comunicó a su viuda, por poner un ejemplo de un personaje histórico andaluz muy importante.
Para conocer esta realidad histórica, impulsado por la Consejería de Justicia de la Junta, se ha creado un equipo de 32 investigadores de las nueve universidades andaluzas, cuyo trabajo consiste en introducir en una única base de datos 53.720 expedientes (el objetivo es llegar a los 60.000) de las actuaciones de los comités provinciales de incautación de bienes y los tribunales de responsabilidades políticas en Andalucía entre 1936 y 1945. "El volumen de multas pudo superar con creces los 700 millones de pesetas de las de entonces y alcanzar las 9.500 incautaciones; la represalia fue de tal envergadura y afectó a tanta gente que se produjo el colapso y en 1945 se tuvo que nombrar a una comisión liquidadora que dio carpetazo a 40.000 expedientes", sostiene Fernando Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería y coordinador del macroproyecto.
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